Compromís denuncia la inactividad de conselleria ante los incumplimientos de la ley del aborto

La coalición valencianista presenta una moción en los municipios para blindar el derecho al aborto y exigir que los ayuntamientos no destinen dinero público a entidades o a instalaciones que, bajo apariencia de asesoramiento, presionan o disuaden a las mujeres de ejercer su derecho a interrumpir un embarazo. 

Compromís pone a la ciudad de Alicante, donde solo se realizaron dos abortos en los hospitales públicos, como ejemplo de la falta de voluntad de la Generalitat de hacer cumplir la ley y de un ayuntamiento que dedica dinero público a una oficina antiaborto. Casi el 70% de los profesionales de la plantilla en el hospital de referencia de la ciudad son médicos objetores.

15 de octubre de 2025. Compromís está registrando en los plenos municipales una moción para apoyar el blindaje constitucional del derecho al aborto y reclamar a la Generalitat que garantice el personal hospitalario suficiente dispuesto a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en instalaciones públicas como recoge la ley estatal, al tiempo que exige no subvencionar entidades que tienen como objetivo disuadir o engañar a las mujeres que vuelan.

Ante la ola reaccionaría de la derecha y la ultraderecha tanto en Madrid como en Alicante, los grupos municipales de la coalición valencianista llevan esta iniciativa adelante para apoyar este derecho sexual en constitucional y al mismo tiempo impedir que las administraciones gobernadas por PP y Vox puedan dirigir dinero público hacia asociaciones que buscan impedir los abortos por parte de las mujeres.

Compromís en los últimos meses ha denunciado el descontrol existente en la Conselleria de Sanidad a la hora de garantizar que las mujeres puedan acceder a sus derechos sexuales, servicio prácticamente privatizado en la provincia alicantina en el que prácticamente solo dos empresas facturan sin ningún convenio 1.287.925 por los abortos de las alicantinas. Compromís ya denunció hace do semanas que había detectado sobrecostes de entre 12 y 172 por cada IVE practicada en la sanidad privada con dinero público. Además, según los datos proporcionados por la Conselleria de Sanidad a la diputada de Compromís Mònica Àlvaro el Hospital General de Alicante cuenta con una plantilla de 28 personas profesionales en el departamento de obstetricia, de las que de un total de 19 personas, casi un 70% de la plantilla, son objetoras de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo.

El caso de Alicante

«Con los datos en la mano es imposible que el servicio funcione con normalidad» ha manifestado la concejala de Compromís per Alacant, Sara Geliell: «Así podemos explicar cómo de las 782 interrupciones legales del embarazo que tuvieron lugar en Alicante durante 2024, solamente se practicó 1 en el Hospital General, mientras que 643 fueron derivadas a clínicas y 138 mujeres alicantinas decidieron,  delante de todos estos tropiezos, ir a la privada».

«Nuestro derecho a abortar de manera libre y segura en un centro público está en peligro. La administración pone muchos obstáculos para abortar y al final tenemos que acudir a clínicas donde encima hay grupos de personas acosando a las mujeres en la puerta. ¿Qué será lo siguiente? ¿Una clínica clandestina? ¿Una percha? ¿Perejil? Pues mira, en Alicante ya tenemos la oficina antiaborto. Es muy fuerte y no lo permitiremos. Por eso presentamos una iniciativa ante el pleno para blindar nuestro derecho a abortar, de manera libre, segura y gratuitamente», ha señalado la concejala de Alicante, Sara Geliell.

Para la diputada Álvaro la situación en el País Valencià y en Alicante en particular es muy preocupante: «Ni el ministerio ni la conselleria pueden admitir estos datos que constan en el Registro de Objetores y no hacer absolutamente nada. Es necesario que se actúe porque con un 70% de la plantilla objetora, evidentemente no se van a poder garantizar el derecho de las mujeres al aborto libre y público». Cabe destacar que la formación valencianista ha insistido varias veces en la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres al aborto en Alicante. De hecho la regidora denuncia que «con la Oficina Antiabortista en funcionamiento, y el acoso a las clínicas que no para, estamos a un paso de volver a 1950 como ya querían la derecha y la ultraderecha de Alicante». Álvaro por su parte denuncia que «la Conselleria no tiene un plan definido: no tiene convenios, deriva a las mujeres sin concierto, tiene plantillas llenas de objetores de conciencia y además no tiene control sobre los gastos ni mira por el bien de las alicantinas. Marciano Gómez también es de la cuerda del «váyanse a abortar a otro sitio» de Ayuso y eso lo hace en detrimento de nuestros derechos como mujeres».

Esta entrada pertenece a La Onda Digital.

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